La legislación sobre el uso de la tierra se redactó con la intención de asignar un uso correcto a las fragilidades locales del entorno físico, tanto en la zona urbana (zonas industriales y residenciales) como en la rural (aldeas rurales y propiedades agrícolas), para que la integración sea sostenible. Se desarrollaron políticas públicas enmarcadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de las Naciones Unidas, que abarcan diferentes sectores y tienen en cuenta las fortalezas y debilidades de los municipios, tales como: desarrollo rural sostenible, desarrollo económico urbano, vivienda, saneamiento básico, movilidad urbana, salud, educación, seguridad pública, medio ambiente y seguridad social.